Prueba de alcoholemia

¿Constituye delito la negativa a la segunda prueba de alcoholemia si ya ha resultado positiva la primera?

Prueba de alcoholemia

El Tribunal Supremo ha vuelto a recordar que cuando se requiere a un conductor para practicar una segunda prueba de alcoholemia, una vez verificada una primera prueba en la ha dado positivo, si este se niega a realizarla procede su condena por esa negativa.

Ha sido en el seno de un proceso contra un conductor condenado por el juzgado de lo penal como autor de dos delitos contra la seguridad vial: uno por conducción con alcoholemia  y otro por su negativa a realizar la segunda prueba de detección alcohólica, una vez que la primera, a la que no se negó, ya había resultado positiva.

El conductor interpuso recurso, y este fue estimado por la Audiencia Provincial competente en relación a la condena por la negativa a realizar la segunda prueba de detección alcohólica. Señaló dicho tribunal que cuando la primera prueba de alcoholemia resulta positiva, la segunda no es más que una garantía para el conductor de la adecuada medición de la primera, por lo que esa consideración, meramente garantista, impide que su negativa se pueda reputar infractora de la obligación legal.

No se mostró conforme el Ministerio Fiscal con la absolución del procesado por este segundo delito, puesto que resultó hecho probado que dicha negativa a la segunda prueba de alcoholemia lo fue tras varios y sucesivos requerimientos e informaciones efectuadas por los agentes, por lo que recurrió la decisión de la Audiencia Provincial ante el Tribunal Supremo.

En efecto, el Tribunal Supremo señala que esta segunda prueba no es tan solo una garantía del afectado y posible futuro investigado, tal y como sostiene la Audiencia Provincial, sino que también constituye una garantía institucional; recalca que, aunque ciertamente puede ser y es una garantía del afectado, también lo es del sistema, siendo por ello una prueba no renunciable, por lo que procede su condena por esa negativa.

Nuestros abogados garantizan la defensa de sus derechos en actuaciones derivadas de hechos que pudieran ser constitutivos de delito