Los trabajadores fronterizos y el IRPF

Lo que caracteriza al trabajador fronterizo es el hecho de trabajar en un estado y residir en otro. No hay un concepto uniforme de

trabajador fronterizo, a nivel europeo, que tenga en cuenta tanto los aspectos fiscales y jurídicos como los aspectos sociales. Por otro lado, tampoco existe una coordinación comunitaria de los convenios fiscales, ni entre los convenios fiscales y los convenios sociales en este marco, el de los trabajadores transfronterizos, a pesar de los importantes logros que, en materia social, ha logrado la CE en la aplicación de los regímenes de la seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la comunidad.

En el tema fiscal, no existe ninguna norma específica para los fronterizos ni en la normativa interna del Reino de España, ni tampoco a nivel europeo.

Por lo tanto en materia de trabajadores fronterizos, se debe acudir a los convenios bilaterales firmados con otros Estados para evitar la doble imposición.

El concepto de “residencia fiscal” se aplica a aquellas personas físicas que residan en el Reino de España más de 183 días al año, entre otros.

Sobre el convenio Reino de España-Principado de Andorra, podemos decir que es un convenio-tipo que tampoco menciona explícitamente al trabajador fronterizo, limitándose a detallar las obligaciones fiscales genéricas de cada país respecto a sus residentes/no residentes.

Por este motivo, las remuneraciones que obtengan los trabajadores contratados por una empresa Andorrana residentes en España, que se desplacen diariamente a Andorra para desarrollar su trabajo y que al finalizar su jornada laboral, vuelvan a su residencia, han de someterse a imposición en España por ser el Estado del que son residentes fiscales. Esta “residencia fiscal” deberán acreditarla las personas interesadas, si procede, mediante la aportación del oportuno certificado expedido por la Autoridad competente de la Administración española.

La aplicación de este régimen de trabajadores fronterizos solo es posible a los trabajadores de países limítrofes, (Resolución de la DGT núm. V0430-09, de 03/03/2009) y venga recogida una disposición específica en el correspondiente Convenio sobre la tributación de los trabajadores fronterizos.

La exención de tributación en Andorra, prevista en el artículo 14 del Convenio entre el Reino de España y el Principado de Andorra, en vigor desde el 26 de Febrero de 2016, se entenderá para el período o períodos en los que se acredite que se cumplen todos los requisitos para su aplicación.

En aquellos casos en que los trabajadores de Andorra que no reúnan los requisitos para tener la consideración de trabajadores fronterizos, por ejemplo, no se puede aplicar dicho calificativo a residentes en Marruecos que obtienen rentas en territorio español por su desplazamientos diarios al no venir especificada esta situación en el Convenio Hispano-Marroquí, (Resolución de la DGT núm.V1508/05, de 19/07/2005), las rentas obtenidas en territorio español estarían sujetas a una tributación del 24% prevista, con carácter general, en el artículo 25 del TRLIRNR/2004 por tratarse de no residentes que obtienen rendimientos del trabajo en territorio español, satisfechos por entidades residentes en España.

trabajadores fronterizos e IRPF

Además de lo anterior y referido a la forma de tributar por los trabajadores fronterizos residentes en el Reino de España, el Art. 7.p) de la vigente ley IRPF, en relación con el Art. 6 del Reglamento considera exentos, entre otros, los siguientes rendimientos de trabajo :

1.Los que se realicen para una empresa o entidad no residente en España o un establecimiento permanente radicado en el extranjero (empresas del grupo Art. 16.5 L.I.S., que se entienda prestado un servicio intra-grupo a la entidad no residente, incluidas por remisión ARRT. 13.1 Modelo Convenio OCDE, del desplazamiento entre filiales a la que se destina el valor añadido objeto del servicio), exige desplazamiento físico. No sería aplicable a una prestación de servicios telemática, on line o televenta.

2.Que en el territorio en que se realicen los trabajos se aplique un impuesto de naturaleza idéntica o análoga a la de este impuesto y no se trate de un país o territorio que haya sido calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

 

3.La exención tiene el limite de 60.101,21 euros anuales (rendimientos íntegros o totales). Se han de tener en cuenta los días que efectivamente el trabajador ha estado desplazado en el extranjero, así como las retribuciones específicas correspondientes a los servicios prestados en el extranjero atendiendo a un criterio de reparto proporcional al número de días.

4.Será incompatible para los contribuyentes destinados en el extranjero, con el régimen de excesos excluidos de tributación previsto en el artículo 9.A.3.b) del Reglamento I.R.P.F, cualquiera que sea su importe, si bien se podrá optar por la aplicación del régimen o exceso en sustitución de esta exención. Complementos de destino para trabajadores en el extranjero sobre las retribuciones totales que obtendrían por sueldos, jornales, antigüedad, pagas extras, ayudas familiares o cualquier otro concepto por razón de cargo empleo, categoría o profesión en el supuesto de que estuvieran destinados en España. (Cuando los gastos de locomoción y manutención no les sean resarcidos específicamente por las empresas, se podrán deducir gasto locomoción mediante factura o 0,19 por kilómetro, más peaje y aparcamiento justificado, 48,08 euros diarios, los de estancia deberán estar en todo caso resarcidos por la empresa y se regirán por el Art.

3 A a) R.I.R.P.F. Se refiere esto a los servicios especiales de apoyo vinculados a la actividad concreta de una filial y más relacionados con la toma de decisiones y el cumplimiento de la normativa específica del país en el que opera: empleado para implantar sistemas de calidad o logísticos o medioambientales o de recursos en empresa filial en extranjero. El beneficio del servicio revierte en la filial, que es la beneficiaria principal y en el grupo indirectamente. La administración tributaria analizará cada caso para determinar el cumplimiento de este requisito, independientemente de quien asume el coste directo del desplazamiento del trabajador, la empresa residente o la no residente, y de la forma de facturar entre ambas. TSJ de Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 5a, S 22-3-2013, no 289/2013, rec. 564/2010.

En resumen partiendo del art. 7.. 7.p) de la Ley 35/2006 , del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas vigente, que dice que son exentos los rendimientos del trabajo percibidos por trabajos efectivamente realizados en el extranjero, con sus requisitos adicionales, pues la finalidad de esa norma es favorecer la movilidad geográfica de los trabajadores para apoyar las iniciativas de internacionalización de las empresas españolas, no sólo se exige que los trabajos se hayan realizado de efectivamente en el extranjero, sino también que “dichos trabajos se realicen para una empresa o entidad no residente en España o un establecimiento permanente radicado en el extranjero”. Como quiera que es una exención tributaria, el contribuyente está obligado a probar los hechos, por aplicación del art. 105.1 de la Ley General Tributaria

Es necesario justificar documentalmente, por cualquier medio fehaciente, incluso con certificado de la empresa, el desplazamiento al extranjero y los trabajos realizados así como el beneficiario de los mismos. La administración exigirá además que el único beneficiario de esos trabajos sea la entidad no residente. El certificado hará mención a si los trabajos allí realizados han supuesto, o no, un valor añadido a las empresas o es/ha sido/será en beneficio de todo el grupo.

Los tribunales, solo exigen acreditar mediante certificado, de que se ha realizado en beneficio exclusivo para las sociedades y establecimientos permanentes del grupo residentes en el extranjero, por ese valor, incluso la jurisprudencia ha llegado a concluir que el hecho o circunstancia de que la empresa haya podido practicar retenciones sobre los rendimientos abonados al actor, no significa que el interesado no pueda gozar de la exención cuando resulte procedente.

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